Orientaciones sobre políticas y prácticasCentros penitenciarios y sistema de justicia penal

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Problemas

Las personas que cometen delitos e ingresan en el sistema de justicia penal presentan mayores tasas de consumo de drogas y consumo parenteral que la población general. Las personas con problemas relacionados con las drogas en el sistema de justicia penal suelen ser delincuentes reincidentes y representan una proporción significativa de los reclusos. El cumplimiento de las convenciones internacionales sobre drogas no requiere el encarcelamiento como respuesta al consumo de sustancias controladas. No obstante, un número significativo de delincuentes con problemas de drogas son internados en prisión por delitos de consumo o posesión. Muchos otros son encarcelados por otros delitos en materia de legislación sobre drogas, como robos para obtener el dinero con el que adquirir drogas. Las complejas necesidades sanitarias de estas personas deben evaluarse en el momento del ingreso en el centro penitenciario.

La duración media de una condena de prisión para este grupo es de unos pocos meses, por lo que se trata de una población dinámica con contacto regular con su comunidad; esto tiene consecuencias para la salud pública. En los centros penitenciarios se consumen drogas y esto también representa un riesgo para la salud pública y la seguridad de los reclusos y los funcionarios de prisiones. El consumo de cannabinoides sintéticos es un problema emergente en algunos países.

Opciones de respuesta

Penas alternativas: Alentar a los delincuentes drogodependientes a recibir tratamiento puede ser una alternativa adecuada a la prisión. Existen evidencias razonables de la eficacia de algunos de estos enfoques, pero no de todos, en la reducción del consumo de drogas y las recaídas. Se requieren más y mejores evaluaciones de los diferentes modelos de intervenciones.

Respuestas en los centros penitenciarios: Dos de los principios importantes para las intervenciones sanitarias en los centros penitenciarios son la equivalencia de la asistencia facilitada en la comunidad y la continuidad de la asistencia entre la comunidad y el centro penitenciario en el momento del ingreso y al recobrar la libertad. Esto implica que en los centros penitenciarios deben facilitarse todos los servicios de tratamiento, reducción de daños y prevención y también debe prestarse especial atención a la prestación de servicios en el momento del ingreso y al recobrar la libertad.

Perspectiva europea

  • El tratamiento de sustitución de opioides en centros penitenciarios se ha notificado en 28 de los 30 países monitorizados por el EMCDDA (los 28 Estados miembros de la UE, Noruega y Turquía).
  • En los centros penitenciarios de la mayoría de países los se prestan servicios de desintoxicación, de orientación individual y en grupo, o se dispone de comunidades terapéuticas o de salas hospitalarias especiales.
  • Se realizan pruebas de detección de enfermedades infecciosas en los centros penitenciarios de la mayoría de países, si bien no es habitual el tratamiento para la hepatitis C. Dieciséis países notificaron haber puesto en marcha programas de vacunación contra la hepatitis B.
  • Cuatro países notificaron programas de intercambio de agujas y jeringuillas en centros penitenciarios.
  • Muchos países europeos tienen relaciones de colaboración entre los servicios sanitarios de los centros penitenciarios y los proveedores en la comunidad para garantizar la continuidad de la asistencia en el momento del ingreso y al recobrar la libertad.
  • En la mayor parte de los países se adoptan medidas de preparación para la salida del centro penitenciario, incluida la reintegración social. Cinco países notificaron programas de prevención de sobredosis entre los consumidores de opioides por vía parenteral que ofrecen formación y naloxona al abandonar el centro penitenciario.

Resumen de las pruebas disponibles

Intervenciones en los centros penitenciarios y el sistema de justicia penal

Opción de respuesta Calidad de las pruebas

El tratamiento de sustitución de opioides protege a los reclusos con dependencia de los opioides frente al riesgo de muerte en los centros penitenciarios.

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El tratamiento de sustitución también es importante en el centro penitenciario a la hora de reducir las conductas de riesgo de consumo parenteral.

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Para prevenir las muertes por sobredosis en el período directamente posterior a la salida del centro penitenciario, es importante que exista una continuidad del tratamiento en la comunidad.

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Los programas judiciales contra la drogodependencia (en Estados Unidos, donde se ha realizado la gran mayoría de los estudios) pueden ayudar a las personas a lograr la independencia económica y a encontrar empleo o recibir educación, con la consecuente reducción de las recaídas.

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Existen pruebas de que los programas que incluyen un tratamiento casi coercitivo que alejan a las personas con problemas de drogodependencia del sistema de justicia penal pueden ser tan eficaces como el tratamiento voluntario.

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Los tratamientos psicosociales reducen las tasas de reinternamiento en las delincuentes consumidoras de drogas.

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Para los delincuentes con dependencia de los opioides, el uso de naltrexona parece ser útil para reducir sus tasas de reinternamiento.

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Las intervenciones educativas y formativas que facilitan naloxona para el consumo en el domicilio ayudan a disminuir las muertes por sobredosis después de la salida del centro penitenciario.

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Clave

  • speedometer at highPruebas de mayor calidad— una o más revisiones sistemáticas actualizadas que incluyen estudios primarios de alta calidad con resultados coherentes. Las pruebas respaldan el uso de la intervención en el contexto en el que se evaluó.
  • speedometer at mediumPruebas de calidad moderada— una o más revisiones actualizadas que incluyen varios estudios primarios de como mínimo calidad moderada con resultados generalmente coherentes. Las pruebas indican que es probable que estas intervenciones sean útiles en el contexto en el que se han evaluado pero se recomienda que se efectúen más evaluaciones.
  • speedometer at lowPruebas de menor calidad— se dispone de algunos estudios primarios de calidad alta o moderada pero no hay revisiones disponibles o hay revisiones con resultados incoherentes. Actualmente las pruebas son limitadas, pero las disponibles son prometedoras. Esto sugiere que puede valer la pena tener en cuenta estas intervenciones, concretamente en el contexto de ampliar los servicios para abordar nuevas necesidades o necesidades no satisfechas, pero deben evaluarse.

Implicaciones para la política y la práctica

Elementos básicos

  • Los principios de equivalencia y continuidad de la asistencia requieren que se facilite la misma gama de intervenciones basadas en pruebas para las personas con problemas de drogodependencia en los centros penitenciarios que en la comunidad, prestadas por personal con la formación adecuada para tratar las adicciones (ya sea el personal del centro penitenciario o profesionales externos) y mecanismos para garantizar la continuidad del tratamiento; esto es especialmente importante para los recluidos durante períodos breves.
  • La preparación para el abandono del centro penitenciario debe incluir actividades que favorezcan la reintegración social y formación sobre la prevención de sobredosis. Debería considerarse el suministro de naloxona para el consumo en casa.
  • Las penas alternativas se reconocen en las convenciones internacionales como una opción posiblemente válida para los delincuentes con problemas de drogodependencia.

Oportunidades

  • Los entornos penitenciarios pueden ser una oportunidad para influir significativamente en la morbilidad, la mortalidad y la salud pública. En primer lugar, al lograr que las personas con problemas de dependencia a los opioides reciban tratamiento, puede reducirse el consumo ilegal de opioides y los comportamientos de riesgo en los centros penitenciarios, así como los riesgos de sobredosis al recobrar la libertad. En segundo lugar, con la facilitación de pruebas de detección de enfermedades infecciosas para todos al ingresar en el centro penitenciario y realizar un seguimiento del tratamiento cuando corresponda.
  • Aumentar el uso de penas alternativas mediante la revisión de las normativas que regulan su aplicación y encauzar las actitudes públicas y profesionales hacia su uso puede mejorar los resultados a largo plazo y reducir el gasto del sistema de justicia penal.

Lagunas

  • Las directrices de Naciones Unidas/OMS recomiendan la aplicación de medidas de reducción de daños (programas de intercambio de agujas y jeringuillas, distribución de preservativos, tatuajes seguros) en el centro penitenciario, si bien actualmente es poco frecuente. Aumentar el uso de estos programas podría contribuir enormemente a la mejora de la salud.
  • Se requieren estudios para mejorar las pruebas disponibles en cuanto a las penas alternativas, que presten especial atención a los grupos que más pueden beneficiarse de las mismas, y las etapas del proceso de justicia penal en las que deben aplicarse.

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